Lo que ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983 fue un “genocidio político”

Por Jimena Vallejo

“Para aquellos que creemos que la historia es circular, resulta impactante encontrarnos hoy en un galpón para juzgar los hechos que ocurrieron en otro galpón, 33 años atrás”, dijo Llonto al comenzar su alegato por el secuestro y desaparición del matrimonio Begúan, de la familia Meza Niella y de María Elida Morales Miy. “Aquel era el galpón de la muerte, del llanto y la comisión de delitos. Esperamos que éste sea recordado como el galpón de la justicia”, prosiguió.

Para la mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado, tener un juicio justo es un reclamo constante que durante mucho tiempo parecía una utopía. Sin embargo, la imputación por “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos” casi resulta menor para quienes llevaron adelante un campo de exterminio. De hecho, los fiscales Juan Murray, Marcelo García Berro y Augusto De Luca, se tomaron diez horas y 168 páginas para explicar que lo que ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983 fue un “genocidio político”.

El alegato de la fiscalía, un documento que bien podría servir para estudiar historia argentina en cualquier aula, expresa que “varios de los acusados ni siquiera han puesto manos sobre las víctimas y, sin embargo, fueron los dueños de su suerte”. Por eso, no se podrá llegar nunca al fondo del asunto “si no se explica la matriz”. El alegato afirma que está probada la existencia de un “plan sistemático” perfectamente delineado desde las altas esferas del poder donde la llamada “lucha contra la subversión” era tan sólo una fachada.

“El código penal con el que están siendo juzgados es viejo y no se adecua a la bestialidad de estos crímenes”, explicó Llonto. El letrado y periodista afirmó que “la sociedad argentina y la Justicia necesitan marcar ese absurdo para que la próxima sentencia diga que hubo una vez un país absurdo en leyes en medio de una barbarie”. Llonto citó y analizó cada una de esas resoluciones, decretos y decretos-leyes que se convirtieron en una maquinaria perfecta para encubrir el genocidio. Entre muchas otras, la Autoanmistía, dictada por el propio Bignone, los reglamentos por los cuales se ordenaba destruir y “dar de baja” toda la documentación relacionada con las detenciones ilegales y la ley Nº 21.325 –de “Seguridad Nacional”– que detallaba un listado de más de 30 organizaciones que debían ser “aniquiladas”.

A la hora de describir los casos representados, Llonto destacó que se están reconstruyendo desde los “escombros” y manifestó el sentimiento de las familias representadas: “Queremos que vayan a la cárcel pero que sirva de algo. Que dejen de estar llenas de pobres y que tenga sentido que alguno de estos poderosos caiga en prisión”. Por eso, la pena solicitada por esta querella fue de 25 años de prisión efectiva en cárcel común para Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, tal cual pidió la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Inhabilitación perpetua y absoluta, pérdida definitiva del grado militar, inhabilitación para el uso de armas, suspensión del goce de jubilación y retiro y que se declare a estos delitos como crímenes de lesa humanidad.

Los casos hablan de genocidio

–María Elida Morales Miy. Desaparecida el 22 de abril de 1977 a los 23 años. Estaba con su hija María de 18 meses. Fueron secuestradas de su domicilio donde asesinaron a su esposo, Lucho Martínez, delante de su otra hija de cuatro años, Jimena. Sus hijas sufrieron al menos dos intentos de apropiación por parte de militares y finalmente fueron rescatadas por su abuela materna. Se estima que María Elida fue trasladada en un “vuelo de la muerte”. Su madre, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en Salta, falleció dos días antes del comienzo del juicio.

–Emilio Alcides Beguán y María Dolores Graupera de Beguán. Los Beguán fueron sorprendidos en su casa por una patota la noche del 11 de mayo de 1977 cuando cuidaban de tres niñas, las hermanas Puyol. Lucía Puyol, de 10 años, vio que Alcides se acercó al cuarto para cerciorarse que estuvieran dormidas antes de que se los llevaran. Durante tres días consecutivos las chicas limpiaron la casa, cocinaron e incluso fueron a la escuela a la espera de que sus abuelos postizos regresaran. Al cabo de ese tiempo volvió la “patota” que las amenazó, maltrató y les dijo que llamaran a sus abuelos de Santa Fe. Emilio era cardíaco y su esposa le administraba las inyecciones. Como eran ancianos no fueron torturados con picana eléctrica sino con un sistema conocido como “salta violeta”. La tortura consistía en lanzarles una bolsa de arena suspendida de una soga y ellos, estando encapuchados, debían esquivarla para no ser golpeados. Se supo que Alcides tuvo un infarto en El Campito. Durante el juicio, Viviana Beguán solicitó al tribunal que acuse a los represores por homicidio y argumentó que existen pruebas contundentes de la existencia de los vuelos de la muerte.

–Familia Meza Niella. A las dos de la mañana del 25 de enero de 1978 un grupo numeroso de personas armadas irrumpió en la casa de los Meza Niella buscando a Néstor. Como él no estaba, se llevaron a su esposa, Fortunata, y a sus hijos Néstor Antonio (16), Walter (14), Mirta (25) y Graciela (11) dejando cinco niños menores de cuatro años con una familia vecina. La familia entera fue encapuchada y obligada a subir a un camión de correo para ser trasladados a Campo de Mayo. Fortunata fue torturada con picana eléctrica cerca de sus hijos para que escucharan. Néstor Antonio fue brutalmente golpeado y Walter picaneado. Mirta, que estaba embarazada de dos meses, fue violada y antes le arrancaron de sus brazos a su hijo. Todos fueron sometidos a simulacro de fusilamiento. Los liberaron el 7 de febrero de 1978. Néstor padre permanece desaparecido. Treinta y un años después, Néstor Antonio Meza Niella dijo frente al tribunal: “La tortura mayor fue tener a toda mi familia dentro de ese camión llevándonos a ese lugar”.