La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó su alegato en el juicio por los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo y pidió la pena máxima de 25 años para el último dictador argentino, Reynaldo Benito Bignone, y para el comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros.
Durante dos horas y media, el abogado de Abuelas, Mariano Gaitán, desplegó los argumentos por los que la querella solicitó 25 años de prisión para ambos represores. “De lo general a lo particular”, el letrado precisó aspectos del plan sistemático de aniquilación de disidentes políticos impulsado por la dictadura.
Detalló también el funcionamiento del centro clandestino de detención (CCD) de Campo de Mayo, donde estuvieron detenidos-desaparecidos (entre muchos otros) Norma Rodríguez, Silvia Quintela, Valeria Beláustegui Herrera y Ricardo Waisberg, Mónica Masri y Carlos Roggerone, Norma Tato y Jorge Casariego, Stella Maris Dorado y José Alberto Scaccheri, todos casos llevados por Abuelas.
El alegato se basó en el testimonio de Carlos Scarpati, quien falleció sin poder ver a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad –y de su propio calvario en “el Campito”– sentados ante un tribunal. Scarpati, no obstante, legó una minuciosa descripción de los centros de detención que existieron en Campo de Mayo.
El testimonio de Víctor Ibáñez, ex suboficial del Ejército, aportó más datos acerca de las condiciones en que malvivían los detenidos-desaparecidos. “La vida en el Campito era en las condiciones más humillantes que pudieran existir”, dijo en su declaración, retomada en el alegato de Gaitán, quien ilustró tales condiciones con una frase de un sobreviviente, Oscar Covarrubias: “La única ventaja de la capucha era que por las noches tenía la certeza de que las ratas no me iban a comer las orejas y la nariz”.
El escrito del abogado de Abuelas enfatizó los roles de Bignone y de Riveros como responsables de Campo de Mayo. “El mismo Riveros reconoció en otra causa que se desempeñó como Comandante de Institutos Militares en la década del 70”, explicó Gaitán y recordó que Víctor Ibáñez declaró haberlo visto recorrer la guarnición militar.
Bignone, por su parte, asumió que era “conducción del Estado Mayor” y que reemplazaba al Comandante en su ausencia. En la declaración citada por Gaitán, el ex dictador reconoció que existía un CCD en Campo de Mayo pero que él lo había conocido recién en 1981, afirmación falsa puesto que Ibáñez aseguró haberlo visto durante su desempeño en ese destacamento.
Gaitán desarrolló cada uno de los casos de Abuelas llevados en esta causa, diez madres y padres que fueron detenidos-desaparecidos en 1977 y cuyos hijos fueron secuestrados y apropiados. Norma Rodríguez desapareció embarazada de seis meses; Silvia Quintela, de tres; Valeria Beláustegui Herrera estaba embarazada de dos meses cuando desapareció con su compañero Ricardo Waisberg; Mónica Masri, encinta de dos meses, secuestrada junto a Carlos Roggerone; Norma Tato, embarazada de cinco meses cuando desapareció con su esposo Jorge Casariego –el hijo de ambos fue restituido por Abuelas en 2007 y estaba apropiado por el médico militar Atilio Bianco–; Stella Maris Dorado y José Alberto Scaccheri fueron secuestrados con su hija de dos meses, quien recuperó su identidad en 1985.
Gaitán explicó la lógica de las detenciones y el modo en que casi todos los casos se encontraban conectados. La querella calificó a estos delitos de lesa humanidad y los denominó como de autoría mediata, es decir cometidos por “un sujeto que imparte una orden para que sea ejecutada”. Por ser Bignone y Riveros autores mediatos de los secuestros y tormentos de estos diez hombres y mujeres, el letrado pidió al tribunal una condena de 25 años de prisión efectiva, “porque es imposible concebir la democracia sobre la base del secuestro y la desaparición de 30 mil compañeros desaparecidos”.“Quiero concluir este alegato con las tres consignas que han guiado la lucha de las Abuelas y los familiares”, expresó Gaitán, “Memoria, Verdad y Justicia, principios que debe tener en cuenta este tribunal al momento de dictar sentencia”.
Durante dos horas y media, el abogado de Abuelas, Mariano Gaitán, desplegó los argumentos por los que la querella solicitó 25 años de prisión para ambos represores. “De lo general a lo particular”, el letrado precisó aspectos del plan sistemático de aniquilación de disidentes políticos impulsado por la dictadura.
Detalló también el funcionamiento del centro clandestino de detención (CCD) de Campo de Mayo, donde estuvieron detenidos-desaparecidos (entre muchos otros) Norma Rodríguez, Silvia Quintela, Valeria Beláustegui Herrera y Ricardo Waisberg, Mónica Masri y Carlos Roggerone, Norma Tato y Jorge Casariego, Stella Maris Dorado y José Alberto Scaccheri, todos casos llevados por Abuelas.
El alegato se basó en el testimonio de Carlos Scarpati, quien falleció sin poder ver a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad –y de su propio calvario en “el Campito”– sentados ante un tribunal. Scarpati, no obstante, legó una minuciosa descripción de los centros de detención que existieron en Campo de Mayo.
El testimonio de Víctor Ibáñez, ex suboficial del Ejército, aportó más datos acerca de las condiciones en que malvivían los detenidos-desaparecidos. “La vida en el Campito era en las condiciones más humillantes que pudieran existir”, dijo en su declaración, retomada en el alegato de Gaitán, quien ilustró tales condiciones con una frase de un sobreviviente, Oscar Covarrubias: “La única ventaja de la capucha era que por las noches tenía la certeza de que las ratas no me iban a comer las orejas y la nariz”.
El escrito del abogado de Abuelas enfatizó los roles de Bignone y de Riveros como responsables de Campo de Mayo. “El mismo Riveros reconoció en otra causa que se desempeñó como Comandante de Institutos Militares en la década del 70”, explicó Gaitán y recordó que Víctor Ibáñez declaró haberlo visto recorrer la guarnición militar.
Bignone, por su parte, asumió que era “conducción del Estado Mayor” y que reemplazaba al Comandante en su ausencia. En la declaración citada por Gaitán, el ex dictador reconoció que existía un CCD en Campo de Mayo pero que él lo había conocido recién en 1981, afirmación falsa puesto que Ibáñez aseguró haberlo visto durante su desempeño en ese destacamento.
Gaitán desarrolló cada uno de los casos de Abuelas llevados en esta causa, diez madres y padres que fueron detenidos-desaparecidos en 1977 y cuyos hijos fueron secuestrados y apropiados. Norma Rodríguez desapareció embarazada de seis meses; Silvia Quintela, de tres; Valeria Beláustegui Herrera estaba embarazada de dos meses cuando desapareció con su compañero Ricardo Waisberg; Mónica Masri, encinta de dos meses, secuestrada junto a Carlos Roggerone; Norma Tato, embarazada de cinco meses cuando desapareció con su esposo Jorge Casariego –el hijo de ambos fue restituido por Abuelas en 2007 y estaba apropiado por el médico militar Atilio Bianco–; Stella Maris Dorado y José Alberto Scaccheri fueron secuestrados con su hija de dos meses, quien recuperó su identidad en 1985.
Gaitán explicó la lógica de las detenciones y el modo en que casi todos los casos se encontraban conectados. La querella calificó a estos delitos de lesa humanidad y los denominó como de autoría mediata, es decir cometidos por “un sujeto que imparte una orden para que sea ejecutada”. Por ser Bignone y Riveros autores mediatos de los secuestros y tormentos de estos diez hombres y mujeres, el letrado pidió al tribunal una condena de 25 años de prisión efectiva, “porque es imposible concebir la democracia sobre la base del secuestro y la desaparición de 30 mil compañeros desaparecidos”.“Quiero concluir este alegato con las tres consignas que han guiado la lucha de las Abuelas y los familiares”, expresó Gaitán, “Memoria, Verdad y Justicia, principios que debe tener en cuenta este tribunal al momento de dictar sentencia”.
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