Se acabaron los bronceados de la impunidad

Crónica de la jornada en que se condenó a los represores de Campo de Mayo a cumplir sus penas en una cárcel común.

Por Jimena Vallejo

Las cientos de personas que se reunieron en la mañana del 20 de abril para escuchar el veredicto del Tribunal Oral Federal Nro 1 de San Martín por los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en Campo de Mayo, soportaron en las horas previas, encendidas defensas del terrorismo de estado por parte de los acusados.

Durante toda la mañana, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y Eugenio Guañabens Perelló, acusados por allanamiento ilegal, robo calificado por uso de armas, privación ilegitima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenaza e imposición de tormentos a perseguidos políticos en al menos 38 hechos, insultaron a la justicia en general y al tribunal en particular, se quejaron por las instalaciones, mintieron sobre cifras y hechos comprobados y pretendieron retirarse a sus lugares de alojamiento -algunos a sus domicilios particulares- desconociendo su situación procesal.

El primero en hacer uso de la palabra fue Santiago Riveros – sentenciado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.- quien justificó el genocidio político y se basó en diversos libros como “La Voluntad” de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, para demostrar que se trató de una guerra contra “peligrosos terroristas” incluyendo en esa categoría a los autores de los libros.

Le siguió el último presidente de facto, Reynaldo Benito Bignone, condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, quien afirmó que la cifra de 30.000 desparecidos es inventada por los organismos de derechos humanos. “No llegan a más de 8.000”, dijo, admitiendo abiertamente la existencia de desaparecidos. “La desaparición de personas es delito en tiempos de paz pero en época de guerra tiene otra significación”, aclaró frente a un auditorio atónito.

Bignone prosiguió diciendo que también era mentira la existencia de 500 niños apropiados. “!No son mas de 30!”, enfatizó desconociendo no sólo las investigaciones realizadas por Abuelas de Plaza de Mayo sino el hecho de que ya fueron encontrados 101 jóvenes.

Por último, el responsable de mandar a destruir los archivos y pruebas del accionar de la última dictadura militar, también afirmó que “no existieron los centros clandestinos de detención” sino que éstos constituían un “Lugar de Reunión de Detenidos (LRD)” y que esos “jóvenes idealistas”, no eran en realidad “tan “ jóvenes sino “terroristas que mataban indiscriminadamente”.

Algunos metros más allá se podía observar la mirada indignada de los familiares de las víctimas que a fuerza de tres décadas de espera, aguardaban con paciencia la lectura del fallo. Allí estaban la madre y la tía de Floreal “El negrito” Avellaneda, un niño de 14 años que fue torturado, empalado y asesinado en Campo de Mayo y Walter Meza Niella, que fue secuestrado y torturado junto a toda su familia cuando tenía también esa edad. Y los cientos de familiares de las otras víctimas que no superan el promedio de los 25 años.

El último en hacer uso de la palabra fue Eugenio Guallabens Perelló, condenado a 17 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena, que durante todo el juicio ostentó un cuidadoso bronceado pese a estar cumpliendo arresto domiciliario.

Guallabens Perelló continuó la misma línea de argumentación, pero además dijo que “esta justicia es un circo” y que “aniquilar” tiene un significado “preciso” que quiere decir “destruir”. También se quejó de la incomodidad de las instalaciones y de tener que usar baños químicos.

Finalmente, en lo que para muchos pareció una gran puesta en escena, Guallabens Perelló abandonó abruptamente su escrito por la mitad y dejó de leer, dijo que no tenía más que decir y uno de sus abogados argumentó que estaba “perdido” y solicitó al Tribunal que los dejara “retirarse” porque no querían escuchar el veredicto de los jueces.

Durante unos pocos minutos se entabló una discusión con Marta Milloc, presidenta del Tribunal, cuando la magistrada le explicaba una y otra vez que los acusados podían no estar presentes en la sala pero sí debían escuchar el veredicto en la habitación contigua. Que no podían retirarse a sus domicilios, como pretendían.

Por eso fue que, cinco horas más tarde, estalló el júbilo en una multitud que llenaba la sala y se agolpaba en la puerta, cuando Milloc aclaró que “las penas se cumplirían en el servicio federal penitenciario”, revocando la prisión domiciliaria de Bignone y Guallabens Pelleró.

También fueron condenados Fernando Ezequiel Verplatsen a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, Carlos Alberto Roque Tepedino a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, además de la revocación de la prisión domiciliaria y Osvaldo Jorge García a 18 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena. En ese mismo fallo se declaró a estos crímenes de “lesa humanidad”.

Cárcel común para Bignone y el resto de los condenados

Por Pamela Argañaraz

Siendo las 17.30 en la Sociedad de Fomento José Hernández, lugar donde los últimos meses se llevó a cabo el juicio contra los represores que actuaron en Campo de Mayo, con una multitud esperando el veredicto en la calle y a sala llena, el Tribunal Oral Federal N°1 dictaminó:

- 25 años e inhavilitación absoluta, perpetua, accesorias legales y pago de costas para Reynaldo Benito Bignone, Santiago OmarRiveros y Fernando Verplaetsen.

- 20 años e inhavilitación absoluta por el tiempo de condena y pago de costas para Carlos Tepedino.

- 18 años e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena y pago de costas para Jorge Osvaldo García.

-17 años e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena y pago de costas para Eugenio Guañabens Perelló.
(El único absuelto fue el ex comisario Germán Montenegro)

Más temprano, en un relato de casi 40 minutos, Bignone hizo su descargo en donde dijo: "Que fue una guerra nadie puede ponerlo en duda". Incluso puso en duda la cantidad de desaparecidos y de bebés apropiados. Ni él, ni el resto de los acusados estuvieron presentes en la sala, pero obligados a escuchar el vedericto, lo hicieron en una sala contigua.

El fallo dictado por los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros expresó que el debate se trató sobre delitos de Lesa Humanidad y que los acusados deberán cumplir su condena en un Servicio Penitenciario Federal. Hasta ayer, se hablaba de Marcos Paz. La audiencia que escuchó en silencio toda la lectura, se puso de pie y estalló en aplausos con las fotos de sus familiares en alto.
Por parte de las organización Abuelas de Plaza de Mayo, dentro del recinto se encontraban la presidenta de la asociación Estela Carlotto y Abel Madariaga, quien participó como testigo en este juicio brindando declaración sobre el secuestro de su mujer embarazada. Junto a él, sentado a su lado estaba su hijo y nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela.

El juicio oral contra Bignone se retomará la próxima semana

(Fuente: CIJ)

Si bien estaba previsto que este martes continúen las audiencias, problemas de salud de unos de los imputados obligaron a prorrogar el debate contra el ex presidente de facto y otros seis acusados. Se trata del ex militar Jorge Osvaldo García
El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín suspendió hasta el próximo martes las audiencias en el juicio oral que lleva adelante contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ámbito de Campo de Mayo.
Los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros tomaron esa medida debido a que Jorge Osvaldo García, director de la escuela de infantería de Campo de Mayo que también está siendo juzgado, alegó problemas de salud.
Así, el tribunal resolvió que el debate no se reinicie este martes, como estaba previsto, sino el próximo, día en el que continuarán los alegatos de las defensas.
Cabe recordar que, además de Bignone y García, se encuentran imputados: Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo), Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”) y Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
Los delitos que se les imputan a los acusados son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo. El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas.

Continúa mañana el juicio con los alegatos de las defensas de los represores

(Fuente: CIJ)

Durante la audiencia, la defensa comenzará a exponer su alegato. Se trata del proceso que lleva adelante el TOF 1 de San Martín contra el ex presidente de facto y otros seis imputados por crímenes contra los derechos humanos
Este jueves comenzarán los alegatos de la defensa en el juicio oral que se sigue contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ámbito de Campo de Mayo, y que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín.
La audiencia comenzará a las 9.30, y se estima que los defensores expondrán su alegato también durante las próximas tres audiencias, que se realizarán el 2, 3 y 9 de marzo.
Además de Bignone, están imptuados Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo), Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo), Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”) y Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
Cabe recordar que los delitos que se les imputan a los acusados son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo. El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas.
Los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros ya escucharon los pedidos de penas de la Fiscalía y de las querellas. A continuación, el detalle de las penas solicitadas:

-Ministerio Público Fiscal: 25 años de prisión para Reynaldo Bignone (ex presidente de facto), Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo) y Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo).- 20 años para Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978)- 14 años para Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo)- 12 años para Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”.- 2 años para Germán Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).

-Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: 25 años de prisión para Bignone, Riveros, Verplaetsen, García, Tepedino y Montenegro.-20 años de prisión para Guañabens Perelló.

-Asociación Abuelas de Plaza de Mayo: 25 años de prisión para Bignone y Riveros

-Pablo Llonto, en representación de familiares de víctimas: 25 años de prisión para Bignone, Riveros y Verplaetsen- 23 años de prisión para Tepedino y García

-Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos: 50 años de prisión para Bignone , Riveros, Tepedino, Verplaetsen y García, por considerar que es posible la aplicación de la actual redacción del art 55 del Código Penal, que permite imponer como máximo 50 años de prisión en caso de concurso real de delitos.- 42 años de cárcel para Guañabens Perelló y 21 años para Germán A. Montenegro. En todos los casos, solicitó se considere a los delitos como parte de un obrar genocida en los términos del artículo 2 de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio.

Las Abuelas encontraron al hijo de una desaparecida de Campo de Mayo

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de otro nieto que durante más de 32 años vivió privado de su identidad. Se trata de Francisco Madariaga Quintela, hijo de Silvia Mónica Quintela y Abel Pedro Madariaga, ambos militantes de la organización Montoneros.

Silvia fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, provincia de Buenos Aires, embarazada de cuatro meses, y permaneció detenida en Campo de Mayo. Su compañero Abel sobrevivió y partió al exilio. En 1983, de vuelta en la Argentina, emprendió personalmente la búsqueda de su hijo y se incorporó al trabajo de Abuelas. El viernes último se reencontró con su hijo.

Para mañana, martes 23 de febrero, a las 12, está prevista una conferencia de prensa en la sede de la Asociación, Virrey Cevallos 592 PB 1 de la Capital Federal. En un comunicado, Abuelas informó que estarán presentes tanto el joven como su padre.

Lo que ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983 fue un “genocidio político”

Por Jimena Vallejo

“Para aquellos que creemos que la historia es circular, resulta impactante encontrarnos hoy en un galpón para juzgar los hechos que ocurrieron en otro galpón, 33 años atrás”, dijo Llonto al comenzar su alegato por el secuestro y desaparición del matrimonio Begúan, de la familia Meza Niella y de María Elida Morales Miy. “Aquel era el galpón de la muerte, del llanto y la comisión de delitos. Esperamos que éste sea recordado como el galpón de la justicia”, prosiguió.

Para la mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado, tener un juicio justo es un reclamo constante que durante mucho tiempo parecía una utopía. Sin embargo, la imputación por “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos” casi resulta menor para quienes llevaron adelante un campo de exterminio. De hecho, los fiscales Juan Murray, Marcelo García Berro y Augusto De Luca, se tomaron diez horas y 168 páginas para explicar que lo que ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983 fue un “genocidio político”.

El alegato de la fiscalía, un documento que bien podría servir para estudiar historia argentina en cualquier aula, expresa que “varios de los acusados ni siquiera han puesto manos sobre las víctimas y, sin embargo, fueron los dueños de su suerte”. Por eso, no se podrá llegar nunca al fondo del asunto “si no se explica la matriz”. El alegato afirma que está probada la existencia de un “plan sistemático” perfectamente delineado desde las altas esferas del poder donde la llamada “lucha contra la subversión” era tan sólo una fachada.

“El código penal con el que están siendo juzgados es viejo y no se adecua a la bestialidad de estos crímenes”, explicó Llonto. El letrado y periodista afirmó que “la sociedad argentina y la Justicia necesitan marcar ese absurdo para que la próxima sentencia diga que hubo una vez un país absurdo en leyes en medio de una barbarie”. Llonto citó y analizó cada una de esas resoluciones, decretos y decretos-leyes que se convirtieron en una maquinaria perfecta para encubrir el genocidio. Entre muchas otras, la Autoanmistía, dictada por el propio Bignone, los reglamentos por los cuales se ordenaba destruir y “dar de baja” toda la documentación relacionada con las detenciones ilegales y la ley Nº 21.325 –de “Seguridad Nacional”– que detallaba un listado de más de 30 organizaciones que debían ser “aniquiladas”.

A la hora de describir los casos representados, Llonto destacó que se están reconstruyendo desde los “escombros” y manifestó el sentimiento de las familias representadas: “Queremos que vayan a la cárcel pero que sirva de algo. Que dejen de estar llenas de pobres y que tenga sentido que alguno de estos poderosos caiga en prisión”. Por eso, la pena solicitada por esta querella fue de 25 años de prisión efectiva en cárcel común para Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, tal cual pidió la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Inhabilitación perpetua y absoluta, pérdida definitiva del grado militar, inhabilitación para el uso de armas, suspensión del goce de jubilación y retiro y que se declare a estos delitos como crímenes de lesa humanidad.

Los casos hablan de genocidio

–María Elida Morales Miy. Desaparecida el 22 de abril de 1977 a los 23 años. Estaba con su hija María de 18 meses. Fueron secuestradas de su domicilio donde asesinaron a su esposo, Lucho Martínez, delante de su otra hija de cuatro años, Jimena. Sus hijas sufrieron al menos dos intentos de apropiación por parte de militares y finalmente fueron rescatadas por su abuela materna. Se estima que María Elida fue trasladada en un “vuelo de la muerte”. Su madre, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en Salta, falleció dos días antes del comienzo del juicio.

–Emilio Alcides Beguán y María Dolores Graupera de Beguán. Los Beguán fueron sorprendidos en su casa por una patota la noche del 11 de mayo de 1977 cuando cuidaban de tres niñas, las hermanas Puyol. Lucía Puyol, de 10 años, vio que Alcides se acercó al cuarto para cerciorarse que estuvieran dormidas antes de que se los llevaran. Durante tres días consecutivos las chicas limpiaron la casa, cocinaron e incluso fueron a la escuela a la espera de que sus abuelos postizos regresaran. Al cabo de ese tiempo volvió la “patota” que las amenazó, maltrató y les dijo que llamaran a sus abuelos de Santa Fe. Emilio era cardíaco y su esposa le administraba las inyecciones. Como eran ancianos no fueron torturados con picana eléctrica sino con un sistema conocido como “salta violeta”. La tortura consistía en lanzarles una bolsa de arena suspendida de una soga y ellos, estando encapuchados, debían esquivarla para no ser golpeados. Se supo que Alcides tuvo un infarto en El Campito. Durante el juicio, Viviana Beguán solicitó al tribunal que acuse a los represores por homicidio y argumentó que existen pruebas contundentes de la existencia de los vuelos de la muerte.

–Familia Meza Niella. A las dos de la mañana del 25 de enero de 1978 un grupo numeroso de personas armadas irrumpió en la casa de los Meza Niella buscando a Néstor. Como él no estaba, se llevaron a su esposa, Fortunata, y a sus hijos Néstor Antonio (16), Walter (14), Mirta (25) y Graciela (11) dejando cinco niños menores de cuatro años con una familia vecina. La familia entera fue encapuchada y obligada a subir a un camión de correo para ser trasladados a Campo de Mayo. Fortunata fue torturada con picana eléctrica cerca de sus hijos para que escucharan. Néstor Antonio fue brutalmente golpeado y Walter picaneado. Mirta, que estaba embarazada de dos meses, fue violada y antes le arrancaron de sus brazos a su hijo. Todos fueron sometidos a simulacro de fusilamiento. Los liberaron el 7 de febrero de 1978. Néstor padre permanece desaparecido. Treinta y un años después, Néstor Antonio Meza Niella dijo frente al tribunal: “La tortura mayor fue tener a toda mi familia dentro de ese camión llevándonos a ese lugar”.

Abuelas pidió la máxima pena para los represores Riveros y Bignone

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó su alegato en el juicio por los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo y pidió la pena máxima de 25 años para el último dictador argentino, Reynaldo Benito Bignone, y para el comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros.
Durante dos horas y media, el abogado de Abuelas, Mariano Gaitán, desplegó los argumentos por los que la querella solicitó 25 años de prisión para ambos represores. “De lo general a lo particular”, el letrado precisó aspectos del plan sistemático de aniquilación de disidentes políticos impulsado por la dictadura.
Detalló también el funcionamiento del centro clandestino de detención (CCD) de Campo de Mayo, donde estuvieron detenidos-desaparecidos (entre muchos otros) Norma Rodríguez, Silvia Quintela, Valeria Beláustegui Herrera y Ricardo Waisberg, Mónica Masri y Carlos Roggerone, Norma Tato y Jorge Casariego, Stella Maris Dorado y José Alberto Scaccheri, todos casos llevados por Abuelas.
El alegato se basó en el testimonio de Carlos Scarpati, quien falleció sin poder ver a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad –y de su propio calvario en “el Campito”– sentados ante un tribunal. Scarpati, no obstante, legó una minuciosa descripción de los centros de detención que existieron en Campo de Mayo.
El testimonio de Víctor Ibáñez, ex suboficial del Ejército, aportó más datos acerca de las condiciones en que malvivían los detenidos-desaparecidos. “La vida en el Campito era en las condiciones más humillantes que pudieran existir”, dijo en su declaración, retomada en el alegato de Gaitán, quien ilustró tales condiciones con una frase de un sobreviviente, Oscar Covarrubias: “La única ventaja de la capucha era que por las noches tenía la certeza de que las ratas no me iban a comer las orejas y la nariz”.
El escrito del abogado de Abuelas enfatizó los roles de Bignone y de Riveros como responsables de Campo de Mayo. “El mismo Riveros reconoció en otra causa que se desempeñó como Comandante de Institutos Militares en la década del 70”, explicó Gaitán y recordó que Víctor Ibáñez declaró haberlo visto recorrer la guarnición militar.
Bignone, por su parte, asumió que era “conducción del Estado Mayor” y que reemplazaba al Comandante en su ausencia. En la declaración citada por Gaitán, el ex dictador reconoció que existía un CCD en Campo de Mayo pero que él lo había conocido recién en 1981, afirmación falsa puesto que Ibáñez aseguró haberlo visto durante su desempeño en ese destacamento.
Gaitán desarrolló cada uno de los casos de Abuelas llevados en esta causa, diez madres y padres que fueron detenidos-desaparecidos en 1977 y cuyos hijos fueron secuestrados y apropiados. Norma Rodríguez desapareció embarazada de seis meses; Silvia Quintela, de tres; Valeria Beláustegui Herrera estaba embarazada de dos meses cuando desapareció con su compañero Ricardo Waisberg; Mónica Masri, encinta de dos meses, secuestrada junto a Carlos Roggerone; Norma Tato, embarazada de cinco meses cuando desapareció con su esposo Jorge Casariego –el hijo de ambos fue restituido por Abuelas en 2007 y estaba apropiado por el médico militar Atilio Bianco–; Stella Maris Dorado y José Alberto Scaccheri fueron secuestrados con su hija de dos meses, quien recuperó su identidad en 1985.
Gaitán explicó la lógica de las detenciones y el modo en que casi todos los casos se encontraban conectados. La querella calificó a estos delitos de lesa humanidad y los denominó como de autoría mediata, es decir cometidos por “un sujeto que imparte una orden para que sea ejecutada”. Por ser Bignone y Riveros autores mediatos de los secuestros y tormentos de estos diez hombres y mujeres, el letrado pidió al tribunal una condena de 25 años de prisión efectiva, “porque es imposible concebir la democracia sobre la base del secuestro y la desaparición de 30 mil compañeros desaparecidos”.“Quiero concluir este alegato con las tres consignas que han guiado la lucha de las Abuelas y los familiares”, expresó Gaitán, “Memoria, Verdad y Justicia, principios que debe tener en cuenta este tribunal al momento de dictar sentencia”.