Juicio Campo de Mayo

Se acabaron los bronceados de la impunidad

2010-04-21T12:15:00.000-07:00

Crónica de la jornada en que se condenó a los represores de Campo de Mayo a cumplir sus penas en una cárcel común.

Por Jimena Vallejo

Las cientos de personas que se reunieron en la mañana del 20 de abril para escuchar el veredicto del Tribunal Oral Federal Nro 1 de San Martín por los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en Campo de Mayo, soportaron en las horas previas, encendidas defensas del terrorismo de estado por parte de los acusados.

Durante toda la mañana, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y Eugenio Guañabens Perelló, acusados por allanamiento ilegal, robo calificado por uso de armas, privación ilegitima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenaza e imposición de tormentos a perseguidos políticos en al menos 38 hechos, insultaron a la justicia en general y al tribunal en particular, se quejaron por las instalaciones, mintieron sobre cifras y hechos comprobados y pretendieron retirarse a sus lugares de alojamiento -algunos a sus domicilios particulares- desconociendo su situación procesal.

El primero en hacer uso de la palabra fue Santiago Riveros – sentenciado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.- quien justificó el genocidio político y se basó en diversos libros como “La Voluntad” de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, para demostrar que se trató de una guerra contra “peligrosos terroristas” incluyendo en esa categoría a los autores de los libros.

Le siguió el último presidente de facto, Reynaldo Benito Bignone, condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, quien afirmó que la cifra de 30.000 desparecidos es inventada por los organismos de derechos humanos. “No llegan a más de 8.000”, dijo, admitiendo abiertamente la existencia de desaparecidos. “La desaparición de personas es delito en tiempos de paz pero en época de guerra tiene otra significación”, aclaró frente a un auditorio atónito.

Bignone prosiguió diciendo que también era mentira la existencia de 500 niños apropiados. “!No son mas de 30!”, enfatizó desconociendo no sólo las investigaciones realizadas por Abuelas de Plaza de Mayo sino el hecho de que ya fueron encontrados 101 jóvenes.

Por último, el responsable de mandar a destruir los archivos y pruebas del accionar de la última dictadura militar, también afirmó que “no existieron los centros clandestinos de detención” sino que éstos constituían un “Lugar de Reunión de Detenidos (LRD)” y que esos “jóvenes idealistas”, no eran en realidad “tan “ jóvenes sino “terroristas que mataban indiscriminadamente”.

Algunos metros más allá se podía observar la mirada indignada de los familiares de las víctimas que a fuerza de tres décadas de espera, aguardaban con paciencia la lectura del fallo. Allí estaban la madre y la tía de Floreal “El negrito” Avellaneda, un niño de 14 años que fue torturado, empalado y asesinado en Campo de Mayo y Walter Meza Niella, que fue secuestrado y torturado junto a toda su familia cuando tenía también esa edad. Y los cientos de familiares de las otras víctimas que no superan el promedio de los 25 años.

El último en hacer uso de la palabra fue Eugenio Guallabens Perelló, condenado a 17 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena, que durante todo el juicio ostentó un cuidadoso bronceado pese a estar cumpliendo arresto domiciliario.

Guallabens Perelló continuó la misma línea de argumentación, pero además dijo que “esta justicia es un circo” y que “aniquilar” tiene un significado “preciso” que quiere decir “destruir”. También se quejó de la incomodidad de las instalaciones y de tener que usar baños químicos.

Finalmente, en lo que para muchos pareció una gran puesta en escena, Guallabens Perelló abandonó abruptamente su escrito por la mitad y dejó de leer, dijo que no tenía más que decir y uno de sus abogados argumentó que estaba “perdido” y solicitó al Tribunal que los dejara “retirarse” porque no querían escuchar el veredicto de los jueces.

Durante unos pocos minutos se entabló una discusión con Marta Milloc, presidenta del Tribunal, cuando la magistrada le explicaba una y otra vez que los acusados podían no estar presentes en la sala pero sí debían escuchar el veredicto en la habitación contigua. Que no podían retirarse a sus domicilios, como pretendían.

Por eso fue que, cinco horas más tarde, estalló el júbilo en una multitud que llenaba la sala y se agolpaba en la puerta, cuando Milloc aclaró que “las penas se cumplirían en el servicio federal penitenciario”, revocando la prisión domiciliaria de Bignone y Guallabens Pelleró.

También fueron condenados Fernando Ezequiel Verplatsen a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, Carlos Alberto Roque Tepedino a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, además de la revocación de la prisión domiciliaria y Osvaldo Jorge García a 18 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena. En ese mismo fallo se declaró a estos crímenes de “lesa humanidad”.

Cárcel común para Bignone y el resto de los condenados

2010-04-21T07:10:00.000-07:00

Por Pamela Argañaraz

Siendo las 17.30 en la Sociedad de Fomento José Hernández, lugar donde los últimos meses se llevó a cabo el juicio contra los represores que actuaron en Campo de Mayo, con una multitud esperando el veredicto en la calle y a sala llena, el Tribunal Oral Federal N°1 dictaminó:

- 25 años e inhavilitación absoluta, perpetua, accesorias legales y pago de costas para Reynaldo Benito Bignone, Santiago OmarRiveros y Fernando Verplaetsen.

- 20 años e inhavilitación absoluta por el tiempo de condena y pago de costas para Carlos Tepedino.

- 18 años e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena y pago de costas para Jorge Osvaldo García.

-17 años e inhabilitación absoluta por el tiempo de condena y pago de costas para Eugenio Guañabens Perelló.
(El único absuelto fue el ex comisario Germán Montenegro)

Más temprano, en un relato de casi 40 minutos, Bignone hizo su descargo en donde dijo: "Que fue una guerra nadie puede ponerlo en duda". Incluso puso en duda la cantidad de desaparecidos y de bebés apropiados. Ni él, ni el resto de los acusados estuvieron presentes en la sala, pero obligados a escuchar el vedericto, lo hicieron en una sala contigua.

El fallo dictado por los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros expresó que el debate se trató sobre delitos de Lesa Humanidad y que los acusados deberán cumplir su condena en un Servicio Penitenciario Federal. Hasta ayer, se hablaba de Marcos Paz. La audiencia que escuchó en silencio toda la lectura, se puso de pie y estalló en aplausos con las fotos de sus familiares en alto.
Por parte de las organización Abuelas de Plaza de Mayo, dentro del recinto se encontraban la presidenta de la asociación Estela Carlotto y Abel Madariaga, quien participó como testigo en este juicio brindando declaración sobre el secuestro de su mujer embarazada. Junto a él, sentado a su lado estaba su hijo y nieto recuperado Francisco Madariaga Quintela.

El juicio oral contra Bignone se retomará la próxima semana

2010-03-09T19:19:00.000-08:00

(Fuente: CIJ)

Si bien estaba previsto que este martes continúen las audiencias, problemas de salud de unos de los imputados obligaron a prorrogar el debate contra el ex presidente de facto y otros seis acusados. Se trata del ex militar Jorge Osvaldo García
El Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín suspendió hasta el próximo martes las audiencias en el juicio oral que lleva adelante contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ámbito de Campo de Mayo.
Los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros tomaron esa medida debido a que Jorge Osvaldo García, director de la escuela de infantería de Campo de Mayo que también está siendo juzgado, alegó problemas de salud.
Así, el tribunal resolvió que el debate no se reinicie este martes, como estaba previsto, sino el próximo, día en el que continuarán los alegatos de las defensas.
Cabe recordar que, además de Bignone y García, se encuentran imputados: Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo), Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”) y Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
Los delitos que se les imputan a los acusados son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo. El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas.

Continúa mañana el juicio con los alegatos de las defensas de los represores

2010-02-24T18:32:00.000-08:00

(Fuente: CIJ)

Durante la audiencia, la defensa comenzará a exponer su alegato. Se trata del proceso que lleva adelante el TOF 1 de San Martín contra el ex presidente de facto y otros seis imputados por crímenes contra los derechos humanos
Este jueves comenzarán los alegatos de la defensa en el juicio oral que se sigue contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el ámbito de Campo de Mayo, y que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín.
La audiencia comenzará a las 9.30, y se estima que los defensores expondrán su alegato también durante las próximas tres audiencias, que se realizarán el 2, 3 y 9 de marzo.
Además de Bignone, están imptuados Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo), Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo), Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”) y Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
Cabe recordar que los delitos que se les imputan a los acusados son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo. El debate arrancó en noviembre pasado y prestaron declaración testimonial más de 100 personas.
Los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros ya escucharon los pedidos de penas de la Fiscalía y de las querellas. A continuación, el detalle de las penas solicitadas:

-Ministerio Público Fiscal: 25 años de prisión para Reynaldo Bignone (ex presidente de facto), Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo) y Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo).- 20 años para Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978)- 14 años para Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo)- 12 años para Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”.- 2 años para Germán Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).

-Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: 25 años de prisión para Bignone, Riveros, Verplaetsen, García, Tepedino y Montenegro.-20 años de prisión para Guañabens Perelló.

-Asociación Abuelas de Plaza de Mayo: 25 años de prisión para Bignone y Riveros

-Pablo Llonto, en representación de familiares de víctimas: 25 años de prisión para Bignone, Riveros y Verplaetsen- 23 años de prisión para Tepedino y García

-Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos: 50 años de prisión para Bignone , Riveros, Tepedino, Verplaetsen y García, por considerar que es posible la aplicación de la actual redacción del art 55 del Código Penal, que permite imponer como máximo 50 años de prisión en caso de concurso real de delitos.- 42 años de cárcel para Guañabens Perelló y 21 años para Germán A. Montenegro. En todos los casos, solicitó se considere a los delitos como parte de un obrar genocida en los términos del artículo 2 de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio.

Las Abuelas encontraron al hijo de una desaparecida de Campo de Mayo

2010-02-22T11:34:00.000-08:00

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de otro nieto que durante más de 32 años vivió privado de su identidad. Se trata de Francisco Madariaga Quintela, hijo de Silvia Mónica Quintela y Abel Pedro Madariaga, ambos militantes de la organización Montoneros.

Silvia fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, provincia de Buenos Aires, embarazada de cuatro meses, y permaneció detenida en Campo de Mayo. Su compañero Abel sobrevivió y partió al exilio. En 1983, de vuelta en la Argentina, emprendió personalmente la búsqueda de su hijo y se incorporó al trabajo de Abuelas. El viernes último se reencontró con su hijo.

Para mañana, martes 23 de febrero, a las 12, está prevista una conferencia de prensa en la sede de la Asociación, Virrey Cevallos 592 PB 1 de la Capital Federal. En un comunicado, Abuelas informó que estarán presentes tanto el joven como su padre.

Lo que ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983 fue un “genocidio político”

2010-02-16T11:23:00.000-08:00

Por Jimena Vallejo

“Para aquellos que creemos que la historia es circular, resulta impactante encontrarnos hoy en un galpón para juzgar los hechos que ocurrieron en otro galpón, 33 años atrás”, dijo Llonto al comenzar su alegato por el secuestro y desaparición del matrimonio Begúan, de la familia Meza Niella y de María Elida Morales Miy. “Aquel era el galpón de la muerte, del llanto y la comisión de delitos. Esperamos que éste sea recordado como el galpón de la justicia”, prosiguió.

Para la mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado, tener un juicio justo es un reclamo constante que durante mucho tiempo parecía una utopía. Sin embargo, la imputación por “privación ilegítima de la libertad” y “tormentos” casi resulta menor para quienes llevaron adelante un campo de exterminio. De hecho, los fiscales Juan Murray, Marcelo García Berro y Augusto De Luca, se tomaron diez horas y 168 páginas para explicar que lo que ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983 fue un “genocidio político”.

El alegato de la fiscalía, un documento que bien podría servir para estudiar historia argentina en cualquier aula, expresa que “varios de los acusados ni siquiera han puesto manos sobre las víctimas y, sin embargo, fueron los dueños de su suerte”. Por eso, no se podrá llegar nunca al fondo del asunto “si no se explica la matriz”. El alegato afirma que está probada la existencia de un “plan sistemático” perfectamente delineado desde las altas esferas del poder donde la llamada “lucha contra la subversión” era tan sólo una fachada.

“El código penal con el que están siendo juzgados es viejo y no se adecua a la bestialidad de estos crímenes”, explicó Llonto. El letrado y periodista afirmó que “la sociedad argentina y la Justicia necesitan marcar ese absurdo para que la próxima sentencia diga que hubo una vez un país absurdo en leyes en medio de una barbarie”. Llonto citó y analizó cada una de esas resoluciones, decretos y decretos-leyes que se convirtieron en una maquinaria perfecta para encubrir el genocidio. Entre muchas otras, la Autoanmistía, dictada por el propio Bignone, los reglamentos por los cuales se ordenaba destruir y “dar de baja” toda la documentación relacionada con las detenciones ilegales y la ley Nº 21.325 –de “Seguridad Nacional”– que detallaba un listado de más de 30 organizaciones que debían ser “aniquiladas”.

A la hora de describir los casos representados, Llonto destacó que se están reconstruyendo desde los “escombros” y manifestó el sentimiento de las familias representadas: “Queremos que vayan a la cárcel pero que sirva de algo. Que dejen de estar llenas de pobres y que tenga sentido que alguno de estos poderosos caiga en prisión”. Por eso, la pena solicitada por esta querella fue de 25 años de prisión efectiva en cárcel común para Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, tal cual pidió la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Inhabilitación perpetua y absoluta, pérdida definitiva del grado militar, inhabilitación para el uso de armas, suspensión del goce de jubilación y retiro y que se declare a estos delitos como crímenes de lesa humanidad.

Los casos hablan de genocidio

–María Elida Morales Miy. Desaparecida el 22 de abril de 1977 a los 23 años. Estaba con su hija María de 18 meses. Fueron secuestradas de su domicilio donde asesinaron a su esposo, Lucho Martínez, delante de su otra hija de cuatro años, Jimena. Sus hijas sufrieron al menos dos intentos de apropiación por parte de militares y finalmente fueron rescatadas por su abuela materna. Se estima que María Elida fue trasladada en un “vuelo de la muerte”. Su madre, fundadora de Madres de Plaza de Mayo en Salta, falleció dos días antes del comienzo del juicio.

–Emilio Alcides Beguán y María Dolores Graupera de Beguán. Los Beguán fueron sorprendidos en su casa por una patota la noche del 11 de mayo de 1977 cuando cuidaban de tres niñas, las hermanas Puyol. Lucía Puyol, de 10 años, vio que Alcides se acercó al cuarto para cerciorarse que estuvieran dormidas antes de que se los llevaran. Durante tres días consecutivos las chicas limpiaron la casa, cocinaron e incluso fueron a la escuela a la espera de que sus abuelos postizos regresaran. Al cabo de ese tiempo volvió la “patota” que las amenazó, maltrató y les dijo que llamaran a sus abuelos de Santa Fe. Emilio era cardíaco y su esposa le administraba las inyecciones. Como eran ancianos no fueron torturados con picana eléctrica sino con un sistema conocido como “salta violeta”. La tortura consistía en lanzarles una bolsa de arena suspendida de una soga y ellos, estando encapuchados, debían esquivarla para no ser golpeados. Se supo que Alcides tuvo un infarto en El Campito. Durante el juicio, Viviana Beguán solicitó al tribunal que acuse a los represores por homicidio y argumentó que existen pruebas contundentes de la existencia de los vuelos de la muerte.

–Familia Meza Niella. A las dos de la mañana del 25 de enero de 1978 un grupo numeroso de personas armadas irrumpió en la casa de los Meza Niella buscando a Néstor. Como él no estaba, se llevaron a su esposa, Fortunata, y a sus hijos Néstor Antonio (16), Walter (14), Mirta (25) y Graciela (11) dejando cinco niños menores de cuatro años con una familia vecina. La familia entera fue encapuchada y obligada a subir a un camión de correo para ser trasladados a Campo de Mayo. Fortunata fue torturada con picana eléctrica cerca de sus hijos para que escucharan. Néstor Antonio fue brutalmente golpeado y Walter picaneado. Mirta, que estaba embarazada de dos meses, fue violada y antes le arrancaron de sus brazos a su hijo. Todos fueron sometidos a simulacro de fusilamiento. Los liberaron el 7 de febrero de 1978. Néstor padre permanece desaparecido. Treinta y un años después, Néstor Antonio Meza Niella dijo frente al tribunal: “La tortura mayor fue tener a toda mi familia dentro de ese camión llevándonos a ese lugar”.

Abuelas pidió la máxima pena para los represores Riveros y Bignone

2010-02-11T06:35:00.000-08:00

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó su alegato en el juicio por los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo y pidió la pena máxima de 25 años para el último dictador argentino, Reynaldo Benito Bignone, y para el comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros.
Durante dos horas y media, el abogado de Abuelas, Mariano Gaitán, desplegó los argumentos por los que la querella solicitó 25 años de prisión para ambos represores. “De lo general a lo particular”, el letrado precisó aspectos del plan sistemático de aniquilación de disidentes políticos impulsado por la dictadura.
Detalló también el funcionamiento del centro clandestino de detención (CCD) de Campo de Mayo, donde estuvieron detenidos-desaparecidos (entre muchos otros) Norma Rodríguez, Silvia Quintela, Valeria Beláustegui Herrera y Ricardo Waisberg, Mónica Masri y Carlos Roggerone, Norma Tato y Jorge Casariego, Stella Maris Dorado y José Alberto Scaccheri, todos casos llevados por Abuelas.
El alegato se basó en el testimonio de Carlos Scarpati, quien falleció sin poder ver a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad –y de su propio calvario en “el Campito”– sentados ante un tribunal. Scarpati, no obstante, legó una minuciosa descripción de los centros de detención que existieron en Campo de Mayo.
El testimonio de Víctor Ibáñez, ex suboficial del Ejército, aportó más datos acerca de las condiciones en que malvivían los detenidos-desaparecidos. “La vida en el Campito era en las condiciones más humillantes que pudieran existir”, dijo en su declaración, retomada en el alegato de Gaitán, quien ilustró tales condiciones con una frase de un sobreviviente, Oscar Covarrubias: “La única ventaja de la capucha era que por las noches tenía la certeza de que las ratas no me iban a comer las orejas y la nariz”.
El escrito del abogado de Abuelas enfatizó los roles de Bignone y de Riveros como responsables de Campo de Mayo. “El mismo Riveros reconoció en otra causa que se desempeñó como Comandante de Institutos Militares en la década del 70”, explicó Gaitán y recordó que Víctor Ibáñez declaró haberlo visto recorrer la guarnición militar.
Bignone, por su parte, asumió que era “conducción del Estado Mayor” y que reemplazaba al Comandante en su ausencia. En la declaración citada por Gaitán, el ex dictador reconoció que existía un CCD en Campo de Mayo pero que él lo había conocido recién en 1981, afirmación falsa puesto que Ibáñez aseguró haberlo visto durante su desempeño en ese destacamento.
Gaitán desarrolló cada uno de los casos de Abuelas llevados en esta causa, diez madres y padres que fueron detenidos-desaparecidos en 1977 y cuyos hijos fueron secuestrados y apropiados. Norma Rodríguez desapareció embarazada de seis meses; Silvia Quintela, de tres; Valeria Beláustegui Herrera estaba embarazada de dos meses cuando desapareció con su compañero Ricardo Waisberg; Mónica Masri, encinta de dos meses, secuestrada junto a Carlos Roggerone; Norma Tato, embarazada de cinco meses cuando desapareció con su esposo Jorge Casariego –el hijo de ambos fue restituido por Abuelas en 2007 y estaba apropiado por el médico militar Atilio Bianco–; Stella Maris Dorado y José Alberto Scaccheri fueron secuestrados con su hija de dos meses, quien recuperó su identidad en 1985.
Gaitán explicó la lógica de las detenciones y el modo en que casi todos los casos se encontraban conectados. La querella calificó a estos delitos de lesa humanidad y los denominó como de autoría mediata, es decir cometidos por “un sujeto que imparte una orden para que sea ejecutada”. Por ser Bignone y Riveros autores mediatos de los secuestros y tormentos de estos diez hombres y mujeres, el letrado pidió al tribunal una condena de 25 años de prisión efectiva, “porque es imposible concebir la democracia sobre la base del secuestro y la desaparición de 30 mil compañeros desaparecidos”.“Quiero concluir este alegato con las tres consignas que han guiado la lucha de las Abuelas y los familiares”, expresó Gaitán, “Memoria, Verdad y Justicia, principios que debe tener en cuenta este tribunal al momento de dictar sentencia”.

La fiscalía solicitó 25 años para los principales imputados

2010-02-11T06:33:00.000-08:00

Por Pamela Argañaraz

La fiscalía, representada por Marcelo García Berro, Agusto De Luca y Juan Murray, solicitó al Tribunal Oral federal Nº 1 (TOF 1) que condene a 25 años de prisión a Reynaldo Bignone, Omar Riveros y Fernando Verplaetsen por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo.
Al cierre de dos jornadas de lectura de su alegato, la fiscalía pidió 20 años para el ex jefe del Batallón 601 Alberto Roque Tepedino, 14 para el ex Jefe de Infanteria Jorge García, 12 para Eugenio Guañabens Perelló (quien era Jefe de la Escuela de Logística) y dos años de prisión en suspenso para el ex comisario Germán Montenegro.
Los imputados, que presenciaron la primera parte de la lectura, no estuvieron presentes el día que concluyó la exposición y se efectuó el pedido de condenas.

Abuelas de Plaza de Mayo presenta su alegato en el juicio de Campo de Mayo

2010-02-08T12:06:00.000-08:00

Abuelas de Plaza de Mayo informa que el próximo miércoles 10 de febrero a las 9.30 hs. presentará su alegato contra los represores Reynaldo Bignone (Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayo del Comando de Institutos Militares) y Santiago Omar Riveros (Comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo) en el juicio que busca esclarecer lo crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en Campo de Mayo.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, encargado de juzgar a estos dos genocidas y a otros seis represores, escuchará a los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo que representan a las familias de Norma Rodríguez, Silvia Quintela, Valeria Beláustegui Herrera y Ricardo Waisberg, Mónica Masri y Carlos Roggerone, Norma Tato y Jorge Casariego, Stella Maris Dorado y José Alberto Scacchieri, todos ellos detenidos desaparecidos que pasaron por ese Centro.
Las Abuelas esperamos que nos acompañen en esta nueva etapa de un juicio que esperamos durante tantos años. Todos aquellos que deseen presenciar la audiencia deben acercarse a la sala montada en el polideportivo de la localidad de Florida, partido de Vicente López, ubicada en Hipólito Irigoyen 4595, con DNI o cédula.

Arranca la fase de alegatos en el juicio de Campo de Mayo

2010-02-03T14:11:00.001-08:00

El juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de Campo de Mayo llega a su etapa de alegatos. El primer turno es para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que hará su presentación el miércoles 3 de febrero. La fiscalía y Alcira Ríos, abogada querellante de la familia Quintela Dallasta, harán su presentación el jueves 4. Y la fiscalía volverá a exponer su alegato el martes 9 de febrero. El miércoles 10 será el turno de los alegatos de Abuelas de Plaza de Mayo y del abogado Pablo Llonto. El jueves 11 se presentarán Adrián Gómez por el caso Rato y la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y Justicia Ya.

Declararán mañana los últimos testigos del juicio antes de los alegatos

2010-02-01T08:16:00.000-08:00

Claudia Belingeri, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, y Víctor de Gennaro, histórico referente de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), prestarán testimonio mañana a partir de las 9 en el juicio por los crímentes cometidos en Campo de Mayo.

Se trata de la última audiencia testimonial antes de ingresar en la fase de alegatos. Para todos aquellos que deseen presenciar el juicio, basta con llevar DNI o cédula para acreditarse.

Ingresa en su fase final el juicio oral por delitos cometidos en Campo de Mayo

2010-01-29T07:44:00.000-08:00

(Fuente: CIJ)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín escuchará el próximo 2 de febrero las últimas declaraciones testimoniales en el juicio oral contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados, por delitos de lesa humanidad.
En tanto, al día siguiente arrancarán los alegatos de las querellas, representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Luego continuará el Ministerio Público Fiscal, con los fiscales Marcelo García Berro, Augusto De Luca y Juan Murray. Finalmente presentarán su exposición las defensas de los imputados.
El debate arrancó en noviembre pasado y ya prestaron declaración testimonial más de 100 personas. Se trata de la segunda causa que llega a esa instancia procesal por violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito de Campo de Mayo, durante el último gobierno militar.
El tribunal está integrado por los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros, y está previsto que el debate se extienda hasta marzo de 2010.
El proceso acumula cuatro causas en las que se encuentran imputados:
- Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de May- Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo)- Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo) (Cabe recordar que los tres acusados ya fueron condenados por el mismo tribunal en agosto pasado a las penas de prisión perpetua, 25 y 18 años de prisión respectivamente, en el juicio por la muerte de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda).- Reynaldo Benito Bignone (segundo comandante del Comando de Institutos Militares en 1977)- Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”)- Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978)- Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
Los delitos que se les imputan son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo.
Cabe recordar que en principio estaba previsto que se juzgue también al ex director de la Escuela de Ingenieros Eduardo Alfredo Espósito. Sin embargo, a último momento, se suspendió su juzgamiento por cuestiones de salud del imputado.

Abel Madariaga: “Hasta que me muera voy a buscar a mi hijo”

2009-12-01T12:41:00.001-08:00

Por Pamela Argañaraz

Un sobreviviente prestó testimonio en la Sociedad de Fomento “José Hernández” de Florida. Abel Pedro Madariaga, secretario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, relató la desaparición de su compañera Silvia Mónica Quintela, embarazada de cuatro meses, el 17 de enero de 1977.
Testigo directo del hecho, Madariaga contó cómo fue la mañana en que Silvia fue rodeada por un grupo de tareas que la secuestró. Hizo referencia, además, al procedimiento que los represores realizaron esa misma tarde en la casa de Luisa Quintela, madre de Silvia.
Exiliado en Suecia en 1980, Madariaga vivió luego en México y regresó temporalmente a la Argentina en 1983. Por entonces, se entrevistó con Beatriz Castiglione, sobreviviente de Campo de Mayo, para que le aporte datos sobre el destino de Silvia. Ambas compartieron el cautiverio junto con otras embarazadas.
“Cuando hablé con Beatriz le pedí que me describiera físicamente a Silvia”, señaló Madariaga, “sus descripciones me convencían”. Cabe destacar que Castiglione, en su declaración en este juicio oral, recordó a Silvia por su seudónimo en el centro clandestino: María, la joven que era doctora.
Por sus encuentros con “Cacho” Scarpati en España, Madariaga confirmó que Silvia estuvo secuestrada en Campo de Mayo y que a fines de julio de 1977 tuvo un varón por cesárea que poco después le sería arrebatado.

Madariaga explicó que los procedimientos llevados a cabo en la búsqueda de Silvia, mientras él estuvo exiliado, fueron realizados con la ayuda de la madre de ella, Luisa. Afirmó que tener un hijo en cautiverio es “una forma de tortura” y que nunca abandonará la lucha y la búsqueda de su hijo.

“Vos tenés que saber la verdad: tu mamá, cuando se la llevaron, estaba embarazada”

2009-11-30T06:23:00.000-08:00

Elena Carolina Samaniego es hija de la detenida-desaparecida Norma Rodríguez, otra de las mujeres embarazadas de Campo de Mayo. Carolina narró ante el tribunal el secuestro de su madre: “Eran las tres de la mañana. Revisaron todo. La arrastraron por la escalera”. Las llevaron a ambas.
El 8 de marzo de 1977 un grupo de tareas integrado por cuatro hombres irrumpió en la casa. Dos se quedaron abajo con Norma y los otros dos subieron por la escalera. Uno entró en la habitación de sus padres y otro en la de Carolina.
“El hombre que entró a mi pieza se puso a revisar todo violentamente, y en un momento pateó la cama con fuerza y yo me puse a llorar. Me puso un arma muy, muy grande en la cabeza y me dijo ‘callate la boca’. No volví a hablar por un año”.
Norma, según contó Carolina, era maestra de adultos en zonas carenciadas. “Hacía mucho trabajo social, la recuerdo cocinando para los chicos”.
“Yo quedé con mis abuelos –precisó Carolina–, y el trámite por la tenencia fue duro. Iba una asistente social muy invasiva, olía la ropa. Un día llegó un hombre que se ofreció a tramitar la libertad de mi mamá si le daban plata. Mi abuelo tenía un negocio y todo lo que ganaba por mes se lo daba, hasta que el negocio se fundió”.
“Otro día, cuando yo tenía 15 años, fuimos a visitar a una hermana de mi abuela. En un momento me separó del grupo y me dijo: ‘Vos tenés que saber toda la verdad, tu mamá, cuando se la llevaron, estaba embarazada’”.
Previo al testimonio de Carolina, fue el turno de Alicia Castro, detenida en 1977.
Castro, que tenía 18 años, estaba en su casa junto con cinco compañeras. “¿Quién es Alicia?”, preguntó uno de los secuestradores y ella se identificó. La esposaron y la metieron en un Ford Falcon estacionado en la puerta y pasó la noche acostada en el piso de atrás del coche.
En Campo de Mayo, la encerraron junto con Silvia Pintos, una compañera de la facultad, y también con Norma Rodríguez, la mamá de la testigo Carolina Samaniego. Días más tarde, sacaron de la celda a Norma, después a Silvia, y por último a Alicia, quien por primera vez conoció “qué era la picana”. En la tortura participó “Manuel”. “Me pareció que eligió el nombre en el momento”, señaló la testigo.
Luego la someterían a más torturas y amenazas hasta que uno de los represores dijo: “Basta, esto está clarísimo”. “Y ahí se decidió mi libertad. Me querían para trabajar en Inteligencia, me decían que íbamos a seguir conectados. Me soltaron junto con Silvia Pintos. Caminamos. Llegamos hasta la estación San Isidro. Nos compramos un turrón y sacamos el boleto. Llegamos a Retiro y cada una se fue a su casa. Cuando llegué estaban mis padres esperándome en la puerta porque los habían llamado para avisarles, pidiendo disculpas por el error en nombre del Ejército”.
En resumidas cuentas, la testigo confirmó que vio a Norma Rodríguez y que el tal “Manuel” le dijo que estaba embarazada. La testigo, en este pasaje, quebró en llanto.

Alberto Masri: “Hay testigos que afirman que mi hermana estaba embarazada”

2009-11-26T10:46:00.000-08:00

Por Pamela Argañaraz

“Mi hermana fue secuestrada con su marido Carlos Roggerone en abril de 1977. Mis padres se enteraron gracias al portero del edificio en el que vivían que avisó a las partes”, declaró Alberto Masri durante la audiencia realizada ayer en el marco del juicio de Campo de Mayo.
“No tenemos certeza de su embarazo, pero mi familia está pendiente del juicio por apropiación y hay personas que dicen haberla visto a mi hermana junto a Norma Tato”, la mujer del detenido-desaparecido Jorge Casariego. Masri confirmó la especie: “Sé que quienes la vieron fueron un hombre de apellido Covarrubias y su mujer”.
Respecto a cómo recibió la noticia de la desaparición de su hermana, fue por carta ya que se encontraba de viaje. “Al primero que agarraron fue a Carlos. Esperaron a que llegara mi hermana, la encapucharon y se los llevaron a los dos”, afirmó Masri, y aclaró que su familia está al tanto de estos detalles también por el encargado del inmueble en donde vivía la pareja.
El pasado 20 de noviembre, Beatriz Castiglione, mujer de Oscar Covarrubias, mencionó a una compañera de detención de nombre Mónica, que junto con Norma Tato y otras compartieron días de embarazo.

Una médica del Hospital Militar admitió su intervención en partos de desaparecidas

2009-11-26T10:08:00.000-08:00

Por Pamela Argañaraz

Antes de la declaración de los familiares y sobrevivientes, testimonió ayer Silvia Bonsignore de Petrillo, una médica que participó en dos partos de detenidas-desaparecidas en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
La testigo aseguró que recordaba “pocos nombres y apellidos”, “casi nada” a las mujeres que atendió y que tenía poco conocimiento de los hechos que ocurrían en su lugar de trabajo. Aún así, su declaración confirmó algunas de las afirmaciones de la querella.
Bonsignore admitió que practicó una cesárea y que asistió en un parto natural. Sobre aquel, estimó que sucedió entre 1977 y 1978. “No le vi a cara a la chica porque estaba cubierta. Cuando terminamos con la intervención, pregunté por ella y después por la nena. Me dijeron que la bebé estaba con la madre y que se las habían llevado”.
Previamente, esa noche, la habían llamado a su casa y le dijeron que debía presentarse en el hospital a realizar una cesárea con carácter de urgencia. “Al llegar fui al Servicio de Maternidad y no encontré a nadie. Fui al quirófano y en la entrada había varios soldados”, declaró la testigo. “Adentro estaba el doctor Bianco”, agregó.
La querella preguntó sobre el papel de Bianco pero Bonsignore sólo dijo lo que ya se sabe, que era traumatólogo y que lo conocía por trabajar en la institución. Afirmó no tener conocimiento sobre si Bianco era el encargado de trasladar a las embarazadas para que tuvieran sus hijos allí.

“Nadie hablaba de nada en aquellos años y no puedo confirmar si las embarazadas llegaban de otros centros”, expresó la testigo, en contradicción con otra declaración brindada por ella misma en 1984, lo cual fue señalado por la querella. Bonsignore, si bien dijo que hoy no recordaba esos detalles, precisó que “a veces llegaban embarazadas en ambulancias del Servicio Militar”.
En cuanto a los nacimientos, la médica corroboró que “cada vez que había un parto, las parteras llenaban una historia clínica y si el parto era normal la completaban ellas al nacer el bebé. Nadie llenó nada en aquel parto [el de la cesárea]”, y añadió que “durante esa época el promedio de partos no había variado”.

Consultada por el presidente del tribunal, la testigo reconoció que era posible que los nacimientos clandestinos realizados en esos años “no se anotaran”. Cuando se retiró de la sala, el público permaneció en silencio y quedó flotando la sensación de que Bonsignore no dijo todo lo que sabe.

Familiares y sobrevivientes evocaron a la detenida-desaparecida Valeria Beláustegui

2009-11-26T09:20:00.000-08:00

Por Pamela Argañaraz
Cada vez que el presidente del Tribunal toma juramento a los declarantes, formula una pregunta: “¿Tiene algún interés de beneficiar o perjudicar a los imputados?”. “Justicia”, respondieron los testigos que se presentaron ayer en la Sociedad de Fomento “José Hernández”, donde se lleva a cabo el Juicio de Campo de Mayo. Todos fueron citados a declarar por las desapariciones de Valeria Beláustegui, su marido Ricardo Waisberg y su hermano José Beláustegui.
El primer testigo fue Rafael Beláustegui, padre de Valeria y José. En su relato detalló la manera en que se enteró del secuestro de su hija, madre de Tania de dos años y embarazada de tres meses. Supo del secuestro el 13 de mayo, el día en que su consuegra, Reina Waisberg, lo llamó para relatarle la recuperación de su nieta. Confirmó que fue su hijo José el primero en sospechar de la desaparición de Valeria. El joven, militante también, sería secuestrado días después con su mujer, el 28 de mayo.
La siguiente en testimoniar fue la ex detenida-desaparecida Ana María Careaga que contó los sucesos de su propio secuestro y cómo fue llevada al centro clandestino de detención Club Atlético, cuando tenía 16 años y estaba embarazada de tres meses. Relató ante el tribunal lo que supo de José Beláustegui dentro del Atlético y de su mujer, a quienes conoció por sus sobrenombres Julián y Lila. “Donde estábamos, en la celda que le decían ‘quirófano’, un día trajeron a un chico encadenado”, recordó Careaga. Según sus recuerdos, las características físicas coinciden con las del matrimonio, que días después serían trasladados de aquel centro clandestino.
“Se comentaba que se habían ido ‘por unos verdes’; esa era la frase. En ese momento interpretamos que los verdes eran dólares y pensamos que habían sido liberados después de algún pago. Más tarde supimos que ‘los verdes’ eran los militares y que los habían trasladado a Campo de Mayo”.
A su turno, Jorge Waisberg, hermano de Ricado y cuñado de Valeria, narró cómo se enteraron de la desaparición y la recuperación de su sobrina Tania. Asumieron el día 13 de mayo como fecha del secuestro porque ese fue el día en que recibieron un llamado de la Clínica San Antonio de Padua solicitando que los familiares de una pequeña abandonada fueran a buscarla. Aquel día, su madre Reina atendió el llamado y salió para la clínica junto con Jorge y su mujer Graciela.
Consultado por la querella, el testigo recordó que llegaron a la clínica alrededor de las 20 de ese mismo día y fueron atendidos por tres personas. “El último que nos atendió nos dijo que teníamos que ir hasta la comisaría de la vuelta. Que dejara el auto ahí y pasara a buscarlo después. Así lo hicimos”. Al llegar fueron atendidos por el comisario, que le pidió que fuera a buscar su auto y que a su regreso le darían la niña.
A su regreso, le dijeron que habían encontrado a Tania vagando sola por las calles con un cartel colgado del cuello con su nombre y un número de teléfono. “Les dije que era imposible que mi hermano y mi cuñada dejaran abandonada a mi sobrina y que quería ver esa nota para ver si podía reconocer la letra. No me mostraron nada”, detalló Waisberg. “Aprovechá que te dan la nena y andate”, le dijo entonces un oficial.
Mientras Jorge iba en busca del auto, tanto su madre como su esposa fueron interrogadas sobre Valeria y Ricardo. A Graciela, si mujer, le exigieron firmar un acta como condición para llevarse la niña.
“Dos días después hubo un operativo en la casa de mis padres. Me llevaron para interrogarme. Mi suegro era teniente coronel del Ejército y cuando supieron mi parentesco con él, hubo un cambio en el trato que me dieron”, precisó el testigo.
Sobre el embarazo de su cuñada y su paso por Campo de Mayo, el testigo dijo que “lo de Valeria era muy reciente y que pocos lo sabían; sobre que estuvieron en Campo lo supimos por Cacho Scarpati, que dijo haberlos visto ahí”.
Concluyendo su declaración Waisberg, agregó: “Mi madre hoy tiene 90 años y sufre demencia senil, cada vez que pregunta por mi hermano, sufre otro duelo”. En ese preciso momento, Rafael Beláustegui tomaba la mano de su otra hija, que lo acompañó a la audiencia.

“Me dijeron que después que tuviera al chico me iban a reventar”

2009-11-20T11:11:00.000-08:00

Por Pamela Argañaraz

Beatriz Castiglione narró y revivió su detención de 17 días en Campo de Mayo, cuando estaba embarazada de ocho meses. El primer domingo que pasó allí, encapuchada, escuchó como un hombre acosaba sexualmente a una mujer. Más tarde, esa misma voz masculina se arrimó a ella y el sujeto comenzó a tocarla. Su reacción instintiva fue llamar a uno de sus cuidadores. “¡Yaya!”, gritó. Dos días después, encadenada, la trasladaron a otro pabellón más grande.
María, Mercedes, Betina, Norma, Mónica y Graciela fueron las “amigas” -como ella les dice-, con quienes compartió aquellos días en el campo. Todas, como Beatriz, estaban embarazadas. “La de menos meses era Norma, de cinco aproximadamente”, calcula. “Nos atendía un doctor. Cuando fui me preguntó la fecha de parto. Le respondí que esperaba para el 25 de mayo, y me dijo que pronto iba a tener noticias de él”, relata Castiglione.
Los domingos no se hacían interrogatorios. El primer lunes la llevaron para que hablara y fue ahí donde se encontró con Jorge “Pirincho” Casariego. Emocionada por el recuerdo de su amigo y por el estado maltrecho en que lo encontró, Beatriz contó que le preguntaron si sabía quién era él. “Yo conocía a toda su familia, a su mujer anterior y a Norma, con quien estaba casado hace un año y con quien iba a tener un bebé”. En su declaración, Beatriz aportó una precisa descripción física de Norma: “Morena, ojos oscuros, el pelo estilo carré”.
La testigo no supo de ningún parto durante esos 17 días. Las más avanzadas en sus embarazos eran Betina y ella, porque el resto de las mujeres tenían dos meses menos. Pero sí recuerda las torturas que sufrieron sus compañeras. “Un día nos hicieron duchar. Ahí vi los cuerpos lastimados por la picana”, detalla entre lágrimas.
Castiglione supo de un traslado masivo. “Pensé que estaban llamando gente para liberar. Intenté que me dejaran ir con ellos pero uno de nuestros cuidadores, Cacho, no me dejó. Como la habían llamado a Mónica, le di el teléfono de mi mamá para que le avisara que yo estaba ahí”. Aquellos “trasladados” hoy son desaparecidos.
María, otra de las embarazadas, que en realidad se llamaba Silvia, era médica, estaba de siete meses y logró tener trato con “el doctor” del lugar. Él le confirmó que estaban en Campo de Mayo. En la actualidad, Beatriz ve la foto de Silvia (la número 18 del legajo del Tribunal) y es capaz de reconocerla. Mercedes, la otra embarazada (de cinco meses), fue liberada con su marido Serafín, que estaba en el pabellón de hombres. Beatriz Castiglione fue liberada junto a su marido.
Quince días más tarde tuvo a su hijo.

Oscar Covarrubias: “Nunca pude hacer este relato completo”

2009-11-20T10:54:00.000-08:00

Por Pamela Argañaraz

Con la voz quebrada, el sobreviviente contó con preciso detalle sus 17 días en Campo de Mayo. Ocurrió el 17 de abril, por la noche unas ocho personas entraron a su casa, donde vivía con su mujer embarazada y su hijo de dos años. El matrimonio fue llevado en dos autos distintos hacia un destino que desconocían. El pequeño hijo quedó en el hogar.
A Oscar le asignaron el número 230 y le entregaron una manta y una capucha, como al resto de los secuestrados. Estaba en un galpón grande, de aproximadamente 60 metros de largo, en donde pasó diez días encadenado de pies y de manos. “Sentía miedo a diario, miedo de que dijeran mi número. Fui torturado a golpes y mediante mordeduras de perros”, alcanzó a contar con la voz quebrada. “Uno de los días más duros fue cuando vi a Pirincho Casariego y sé que era él porque lo tuve enfrente mío. Estaba muy golpeado”.
Añadió que sus cuidadores fueron “Cacho” y “El Yaya” y que “Yoli” era una detenida que colaboraba y repartía medicación. Curiosamente, los medicamentos que se repartían tenían marcadas las siglas FM (Fabricaciones Militares).
Los secuestrados estaban separados por género en galpones distintos. “Estaba con los hombres y no logré ver mujeres embarazadas”. El día que fue liberado, tuvo que hacer un escrito de puño y letra. “Le pedimos perdón en nombre del Ejército Argentino, nos hemos equivocado”, fueron las palabras de quienes lo detuvieron.
Covarrubias y su mujer fueron puestos en libertad en Plaza de Tigre, desde donde se dirigieron a la casa de Beatriz para reencontrarse con su hijo y sus familias.

Prestaron testimonio los sobrevivientes de Campo de Mayo Oscar Covarrubias y Beatriz Castiglione

2009-11-20T10:47:00.000-08:00

Por Pamela Argañaraz

El tribunal a cargo de juzgar los 56 casos de secuestros, torturas y asesinatos en Campo de Mayo, tomó ayer declaración a los testigos Oscar Covarrubias y Beatriz Castiglione, ambos secuestrados por 17 días en 1977.
El primero fue Covarrubias, quien detalló cómo fue la noche del secuestro, la llegada a Campo de Mayo y su cautiverio allí. “Había perdido mi identidad. Era el número 230. Con ese número me identificaban y me llamaban para torturarme”, afirmó.
Luego de un cuarto intermedio, fue el turno de Castiglione, quien brindó detalles coincidentes con los de Covarrubias y contó lo que pasó la noche del 17 de abril de ese año, qué vio y qué sintió con sus ocho meses de embarazo.
Castiglione, pareja de Covarrubias por entonces, tenía el número 929. Sendos testimonios concordaron en la descripción de los mecanismos de torturas y en la identificación de sus “cuidadores”: “Cacho” y “El Yaya”. A Beatriz, el primer día le dijeron: “Acá estamos en una guerra sucia. De acá ni Videla te puede sacar”.
Tanto Castiglione como Covarrubias trazaron un relato preciso de los hechos y se emocionaron al recordar haber visto en esos días a Jorge Casariego, quien fuera amigo del matrimonio.
“Pirincho era su apodo. Había sufrido torturas como el submarino y lesiones debajo de las uñas, entre otras cosas”, apuntó Castiglione. Casariego les había pedido a ambos, por separado, que digan todo lo que sepan. La mujer de Pirincho, Norma Tato, también se encontraba en el campo y estaba embarazada de cinco meses. (N. de la R.: El hijo de Norma Tato y Jorge Casariego recuperaría su identidad treinta años más tarde gracias a la búsqueda de Abuelas).
La querella formuló varias preguntas referidas a los cuidadores, a las mujeres embarazadas y a Casariego. La defensa indagó sobre cómo ambos podían afirmar que habían estado en Campo de Mayo, sobre “Cacho” y “El Yaya” y de cómo estaban seguros de que Casariego era Casariego.
Luego de las preguntas, Beatriz pidió la palabra: “A la Justicia le pido que apliquen el castigo necesario y le agradezco por dejarme estar acá y dejarme declarar. Al Ejército y a las Fuerzas Armadas les digo que si eran conscientes de que estábamos en una guerra sucia como sus cabezas, les pido que se hagan cargo y que tengan el coraje de hacerse responsables, como nosotros tenemos el coraje de reconstruir lo que vivimos, a los desaparecidos y a los muertos”.
Al finalizar, un público conmovido brindó un largo aplauso a los testigos, con las fotos de los desaparecidos en alto. En la sala sólo se encontraban dos de los imputados, custodiados constantemente por dos oficiales.

Insultos por parte del ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo

2009-11-04T10:30:00.000-08:00

Por Pamela Argañaraz

Fernando Ezequiel Verplaetsen insultó a la querella durante la audiencia de hoy en la sala donde se lleva a cabo el juicio de Campo de Mayo.

A las 10.10, cuando comenzó la sesión, se anunció el cambio de presidencia en el tribunal. La jueza Marta Milloc fue reemplazada, por cuestiones de salud, por Héctor Sagretti.

Acto seguido, el abogado defensor Juan Carlos Tripaldi tomó la palabra manifestando una serie de pedidos al tribunal. Esgrimiendo exámenes físicos realizados el pasado 5 de octubre, pidió la inimputabilidad para el acusado Verplaetsen, condenado a 25 años de prisión en agosto último por el caso de Floreal Avellaneda. El letrado alegó “déficit de memoria, deterioro cognitivo y limitaciones físicas”. “No recuerda nada de esa época y nada puede decir”, enfatizó.

Por otra parte, Tripaldi exigió “juego limpio” sobre el modo de cumplimiento de las penas (en una cárcel del servicio penitenciario o prisión domiciliaria) “para contemplar una defensa en cada caso y para juntar pruebas sobre los expedientes”.

La querella, representada por los abogados Ciro Anicciaricco, Alcira Ríos, Pedro Dinani, Alan Iud (coordinador del equipo jurídico de Abuelas), Mariana Maurer, Javier De Luca, Pablo Llonto y Marcelo García Berro, rechazó las solicitudes de la defensa. Dinani sentenció que “no deben confundirse el derecho a la defensa y el derecho a la impunidad”, en referencia al adelantamiento por parte de la defensa del cumplimiento de las sentencias. Sobre esto, Ríos agregó que el rechazo es absoluto, porque se estaría hablando de un prejuzgamiento.

La tensión surgió cuando la palabra fue tomada por Llonto, quien dijo sentirse “conmovido y sacudido por los pedidos del doctor Tripaldi”. En alusión a Verplaetsen, quien había sido dado de alta de una internación ayer, el abogado lo señaló para que se viera que el acusado estaba asintiendo cada palabra que articulaba su defensor, demostrando un buen nivel de comprensión. Este fue el momento donde los aplausos del público presente y las fotos de las víctimas se elevaron en la sala.

Mientras Llonto hablaba y se refería al por qué del rechazo de la querella de las exigencias de la defensa, un compañero querellante distinguió cómo Verplaetsen insultaba por lo bajo y hacía gestos hacia la querella. El presidente del tribunal le llamó la atención reiteradas veces y le preguntó si escuchaba. El acusado respondió con gestos dando a entender que no oía. El magistrado le advirtió que guarde el decoro sobre los insultos que profirió minutos antes.

Marcando el reloj las 11.10, el tribunal entró en un cuarto intermedio de un par de horas para debatir sobre las exigencias de la defensa y los rechazos de la querella.

Hecho este anuncio, Verplaetsen oyó, entendió la orden y fue el primero en retirarse de la sala.

Con dificultades técnicas y en un espacio inadecuado, comenzó el juicio

2009-11-02T13:18:00.000-08:00

Por Pamela Argañaraz

Comenzó hoy debate oral en la causa contra el ex dictador Reynaldo Bignone, seis ex militares y un ex policía, acusados de 56 casos de secuestros, torturas y asesinatos en Campo de Mayo. El lugar donde se lleva a cabo el juicio es una cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento José Hernández, ubicada en Hipólito Yrigoyen 4595, localidad de Florida, espacio inadecuado, según la mayor parte de los asistentes, para tal efecto.
Al ingresar los miembros del tribunal a cargo y las partes, los familiares de las víctimas levantaron las fotos de sus seres queridos y las mantuvieron en alto a la vista de todos. Antes de la lectura de los fundamentos, la jueza Marta Milloc junto a los jueces Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros, hicieron dos anuncios.
Primero, se refirieron al escenario en donde se desarrollará esta instancia oral, y segundo, se comunicó a las partes la no participación de Eduardo Alfredo Espósito, ex director de la Escuela de Ingenieros, “por no encontrarse en condiciones de afrontar el juicio” a causa de problemas de salud. La magistrada señaló que “será sometido a exámenes semestrales para verificar su estado físico”.
De esta manera, hoy se sentaron en el banquillo Bignone, los ex generales Santiago Omar Riveros (quien se desempeñó como jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Fernando Ezequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo), Jorge Osvaldo García (director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo), Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”, hoy fusionada con la Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral"), el ex coronel Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978) y el ex comisario Germán Montenegro (a cargo de la Comisaría de Bella Vista en 1977).
La lectura de las causas 2023, 2031, 2034 y 2043 empezó a las 9.50 y finalizó a las 15.20. En el medio, Verplaetsen se retiró con permiso del tribunal, alegando también cuestiones médicas. Los familiares y el público presente escucharon de manera atenta la lectura de los requerimientos de la causa, a pesar del sonar de la lluvia sobre el techo de chapa de la cancha de papi fútbol.
Arrancó el partido. Se espera que el resultado haga justicia.